¿Qué pasa si se aprueba la ley de Comunicación?
Entran a regulación estatal los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios, así como las personas que difundan información a través de ellos.
Se crea el concepto de Información de Relevancia pública o de interés general, sujeta a regulaciones.
Conceptos como la obligación de difundir información veraz, verificada, contrastada… son ambiguos y están sujetos al análisis de un Consejo de Regulación.
Se creará un Consejo de Regulación, con cinco miembros, encargado de la aplicación de esta ley y de emitir sanciones administrativas. Hay un debate político sobre la posibilidad de que esos miembros sean dirigidos por el Gobierno y Alianza País.
Cualquier persona o agrupación podrá presentar denuncias sobre las publicaciones y difusiones de los medios.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad solidaria en la aplicación de sanciones administrativas y de carácter civil.
Entre las sanciones –por diversas acciones u omisiones- a los medios, están la obligación de publicar rectificaciones o disculpas públicas. En caso de reincidencia, se aplicarán multas en función de los porcentajes de facturación del medio.
Los medios de comunicación audiovisual tienen la obligación de transmitir hasta tres horas semanales de cadenas presidenciales.
Los periodistas que ejerzan esta actividad deben ser debidamente titulados en comunicación social, con excepción de los columnistas y de redactores de secciones especializadas en temáticas científicas y de arte.
Los medios públicos tendrán cuatro formas de financiamiento: presupuesto del Estado, la publicidad de las entidades públicas, donaciones y venta de publicidad en general.En caso de Estado de Excepción, el Presidente de la República puede establecer límites al ejercicio de la libertad de información, ordenando cadenas nacionales.
Se prohíbe el pautaje de publicidad extranjera. Toda la publicidad debe ser nacional.En cinco años, todos los medios deben contar, al menos, con el 40% de producción nacional e independiente.
Se establecerá una redistribución de las frecuencias del espacio radioeléctrico, donde el sector público y el comunitario tienen el 67% de control de las frecuencias. El privado se reduce al 34..
Fuente: El Comercio.
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